La Defensoría del Pueblo expresó su respaldo a la reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) que declaró inconstitucional la Ley N.° 32330, norma que permitía la imputabilidad penal de adolescentes de 16 y 17 años. El pronunciamiento del máximo intérprete de la Constitución deja sin efecto una disposición que, según el organismo constitucional autónomo, vulneraba estándares fundamentales de protección de derechos humanos.
A través de un comunicado, la Defensoría señaló que la sentencia del TC reafirma la supremacía del análisis jurídico-constitucional, fortalece el Estado de Derecho y garantiza el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Perú en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes.
Cabe precisar que la Defensoría del Pueblo fue la institución que encabezó la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley n.° 32330, en ejercicio de su mandato constitucional de defensa de los derechos fundamentales y del orden jurídico. En ese contexto, la entidad destacó y agradeció la participación del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Colegio de Abogados de Ayacucho, instituciones que se sumaron a la acción legal y contribuyeron al proceso de control constitucional que hoy refuerza el sistema de justicia.
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El organismo defensor subrayó que la consideración de niño como toda persona menor de 18 años no obedece a una decisión arbitraria entre Estados, sino que se sustenta en criterios técnicos respaldados por la neurociencia, reconocida como una fuente auxiliar del derecho. Estos fundamentos obligan al Estado peruano a brindar un tratamiento diferenciado a los adolescentes en conflicto con la ley penal, priorizando su protección integral y su proceso de reinserción social.
Con la declaración de inconstitucionalidad, se restablece la plena vigencia de instrumentos clave como la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú, que reconoce la primacía de los tratados internacionales sobre derechos humanos en el ordenamiento jurídico nacional. Asimismo, el fallo corrige una situación que había permitido que adolescentes sean procesados como adultos, según cifras del Poder Judicial basadas en información del Instituto Nacional Penitenciario.
