Pese a los argumentos presentados por la defensa del alcalde de la Municipalidad Distrital de La Unión, profesor Ruperto Fernández, el pleno del concejo municipal decidió persistir en su solicitud de suspensión por un periodo de 30 días. La decisión final sobre la procedencia o no de esta medida recaerá ahora en el Jurado Nacional de Elecciones JNE.
Tras la determinación adoptada por el concejo, el burgomaestre se pronunció señalando que se encuentra con la conciencia tranquila y seguro de haber actuado conforme a la ley. Afirmó que todas sus decisiones se tomaron pensando exclusivamente en el beneficio de la comuna, descartando cualquier interés personal o irregularidad.
Fernández explicó que, tras recibir el documento de Foncodes que informaba sobre la donación de un vehículo, solicitó que el tema sea tratado en sesión de concejo. Sin embargo, los regidores no lograron un acuerdo, registrándose cinco abstenciones, un voto a favor y uno en contra. Ante esta falta de consenso, Foncodes procedió a formalizar la transferencia mediante resolución, sin que fuese necesaria la aprobación del concejo municipal.
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Respecto al uso del vehículo, el alcalde precisó que actualmente se encuentra operativo, luego de pasar por un mantenimiento, cuenta con chofer asignado y está disponible para cualquier área municipal que lo requiera, en beneficio de la gestión y de la población.
En relación con la presunta falta al Reglamento Interno de Concejo, Fernández recordó a los regidores que, para sustentar una sanción, dicho reglamento debe haber sido debidamente publicado en un diario oficial o de mayor circulación. Advirtió que la omisión de este requisito constituiría una falencia en el procedimiento, pese a lo cual el pleno insistió en sancionarlo.
Finalmente, el alcalde reiteró que no ha cometido ninguna falta ni está siendo cuestionado por actos de corrupción, y señaló que aguardará con tranquilidad el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones, organismo que evaluará la legalidad de la sanción solicitada. Cabe precisar que, en el derecho administrativo peruano, la falta de publicación de normas municipales suele ser una causal para que el JNE declare la nulidad de este tipo de medidas disciplinarias.
