El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, generó una fuerte controversia al participar en una audiencia judicial virtual vinculada al caso Cayara, donde se procesa a efectivos del Ejército acusados de asesinar a más de 30 campesinos en la comunidad ayacuchana en 1988. Diversos sectores interpretan su presencia como un intento de presión e intimidación hacia los magistrados encargados de resolver el proceso.
La audiencia corresponde a la etapa en la que los abogados de los militares procesados sustentan sus argumentos ante el Poder Judicial. Al término de la sesión, los jueces anunciaron que la decisión sobre el caso será emitida dentro del presente mes.
Horas antes de la audiencia, Rospigliosi había anunciado públicamente su asistencia a través de una publicación en redes sociales. En dicho mensaje, sostuvo que los militares no pueden ser procesados por hechos ocurridos hace 38 años, argumentando que se estaría invocando de manera “falsa” el delito de lesa humanidad. Asimismo, lanzó duras críticas contra los magistrados, afirmando que estos tendrían “pésimos antecedentes”.
El titular del Parlamento fue más allá al advertir que, en caso los jueces no acaten lo que él considera la correcta interpretación de la ley, deberían ser denunciados ante la Junta Nacional de Justicia, la Oficina de Control de la Magistratura e incluso en la vía penal. Sus declaraciones han sido calificadas por especialistas como una grave intromisión en la independencia judicial.
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Rospigliosi es, además, uno de los principales promotores de la ley aprobada por el Congreso que busca cerrar procesos por graves violaciones de derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000, durante el conflicto armado interno. Dicha norma ha sido duramente cuestionada por organismos nacionales e internacionales por favorecer la impunidad.
En otro pasaje de su pronunciamiento, el presidente del Congreso afirmó que, si los magistrados “violan la ley”, deberían ser detenidos en flagrancia y enviados a prisión, una declaración que ha encendido las alarmas sobre un posible quiebre del equilibrio de poderes y el respeto al Estado de derecho.
El caso Cayara es uno de los episodios más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos en el país y su judicialización ha sido seguida de cerca por organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos, quienes advierten que cualquier presión política sobre los jueces pone en riesgo el acceso a la justicia y la verdad.
