La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público resolvió suspender por seis meses al fiscal José Domingo Pérez, pocos días después de que fuera retirado del caso Lava Jato por decisión del fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez. La medida tiene carácter cautelar y se enmarca en un proceso administrativo disciplinario que continúa en evaluación.
La suspensión está relacionada con el procedimiento iniciado en octubre del año pasado, luego de que el Tribunal Constitucional ordenara la anulación de las investigaciones seguidas contra la excandidata presidencial Keiko Fujimori por el presunto delito de lavado de activos. Dicho fallo dejó sin efecto las diligencias fiscales desarrolladas en ese proceso.
Según la Autoridad Nacional de Control, el objetivo del proceso administrativo es determinar si José Domingo Pérez incurrió en infracciones funcionales al mantener la investigación que se inició en 2017, pese a la decisión del Tribunal Constitucional. Durante el periodo de suspensión, la ANC evaluará si correspondía o no la continuidad de las pesquisas tras el pronunciamiento del máximo intérprete de la Constitución.
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La decisión se produce en un contexto de alta tensión dentro del Ministerio Público, marcado por cambios en su conducción y por cuestionamientos sobre el impacto de estas medidas en la lucha contra la corrupción. La salida de Pérez del caso Lava Jato y su posterior suspensión han generado debate público sobre la autonomía de los fiscales y el futuro de las investigaciones de alto perfil.
El caso que involucra a Keiko Fujimori es uno de los más emblemáticos de los últimos años, por lo que la suspensión del fiscal que lideró las pesquisas ha provocado reacciones divididas. Mientras algunos sectores consideran la medida como parte del control disciplinario interno, otros advierten que podría debilitar los procesos judiciales vinculados a graves casos de corrupción.
