El Gobierno decidió encargar a ProInversión la reorganización patrimonial de Petroperú, otorgándole facultades para dividir sus activos en bloques y transferirlos a operadores privados, como parte de una estrategia para enfrentar la grave crisis financiera que atraviesa la empresa estatal.
La medida se sustenta en las cifras oficiales que reflejan la delicada situación de Petroperú. La compañía registra pérdidas acumuladas superiores a los 1.600 millones de soles, deudas con proveedores que alcanzan los 2.500 millones de soles y una disponibilidad de caja de apenas 66 millones de soles al cierre de 2025. En este escenario, la Nueva Refinería de Talara, cuyo costo de construcción ascendió a aproximadamente 6.000 millones de dólares, es señalada como el principal foco de las pérdidas económicas.
La decisión ha abierto un intenso debate a nivel nacional. Desde el Ejecutivo se sostiene que la reorganización busca sanear las finanzas de Petroperú, atraer inversión privada y evitar que el Estado continúe destinando miles de millones de soles en rescates financieros. Sin embargo, los críticos advierten que el proceso podría significar la pérdida de control sobre un activo considerado estratégico, el riesgo de una transferencia a valores subestimados y la generación de conflictos laborales y sociales.
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Experiencias similares en la región generan posiciones encontradas. En Ecuador, la privatización parcial de Petroecuador en la década de 1990 permitió el ingreso de capital privado mediante concesiones petroleras, aunque también provocó pérdida de control estatal y conflictos sociales en la Amazonía. En Brasil, Petrobras abrió su capital y vendió refinerías entre 2019 y 2021, lo que alivió sus finanzas, pero generó críticas por el incremento de precios internos y una menor capacidad de regulación. En México, Pemex evitó privatizaciones directas, pero la reforma energética de 2013 permitió la participación privada, con resultados mixtos y una fuerte resistencia política por temas de soberanía.
Para Piura, la situación tiene un impacto directo. La Refinería de Talara, presentada durante años como símbolo de modernización y desarrollo, se convierte ahora en el epicentro de un dilema nacional. El futuro de este complejo energético plantea una disyuntiva entre ser un salvavidas financiero para Petroperú o representar un riesgo para la soberanía energética del país.
El desenlace dependerá de cómo se estructuren las eventuales transferencias de activos y de la capacidad del Estado para mantener un rol regulador sólido, que evite repetir los errores observados en otros países de la región y garantice que cualquier proceso se realice con transparencia y en beneficio del interés público.
