Con el objetivo de evitar que las empresas de telecomunicaciones posterguen durante años el pago de multas, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) contará con un nuevo marco legal que refuerza la ejecución efectiva de las sanciones impuestas a las operadoras que incumplan sus obligaciones.
Mediante el Decreto Legislativo N.° 1718, el Poder Ejecutivo modificó la Ley N.° 27336, incorporando el artículo 35-A, que establece un régimen disuasivo para la ejecución de las resoluciones sancionadoras del regulador. Con esta norma, las multas serán ejecutadas una vez que queden consentidas o cuando se haya agotado la vía administrativa.
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Uno de los cambios más relevantes es que la sola interposición de una demanda judicial ya no suspenderá automáticamente la cobranza coactiva. A partir de ahora, las empresas operadoras que decidan impugnar una sanción deberán presentar una carta fianza bancaria a favor del OSIPTEL por un monto equivalente al de la multa impuesta.
Esta garantía deberá ser emitida por una entidad financiera supervisada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y será irrevocable, solidaria, incondicional y de ejecución inmediata, permitiendo asegurar el cobro de la sanción si el proceso judicial concluye con una sentencia favorable al regulador. De esta manera, se busca mantener el equilibrio entre el interés público y el derecho de defensa de las empresas.
Más de S/ 985 millones en multas pendientes
El problema público identificado por el OSIPTEL radica en el alto porcentaje de multas firmes pendientes de pago entre 2020 y 2025. Al tercer trimestre de 2025, el organismo registraba 788 multas impagas, que en conjunto superan los S/ 985 millones, incluidos intereses.
De este monto, S/ 739 millones corresponden a 567 multas judicializadas, representando el mayor volumen de deuda en trámite. Asimismo, 61 multas por S/ 29 millones se encuentran en proceso de cobranza coactiva y 160 multas por S/ 217 millones en etapa de cobro administrativo.
Impacto en la calidad del servicio
Con la implementación de este nuevo régimen, se espera que las empresas operadoras reduzcan conductas que afecten la calidad, continuidad y seguridad de los servicios, mejoren su reputación comercial y disminuyan los costos judiciales tanto para el Estado como para el sector privado. Cabe destacar que, en el 100 % de los casos judicializados, el Poder Judicial ha emitido fallos favorables al OSIPTEL.
Finalmente, esta medida busca fortalecer la institucionalidad del regulador, mejorar la eficacia del sistema sancionador, proteger los derechos de los usuarios y contribuir al desarrollo ordenado y competitivo del mercado de telecomunicaciones en el país.
