El gobernador regional de Tumbes, Segismundo Cruces Ordinola, fue detenido preliminarmente en Lima por disposición del Poder Judicial, en el marco de una investigación por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos. La intervención fue ejecutada por la Fiscalía de Lavado de Activos, mientras el funcionario realizaba diligencias vinculadas a su gestión.
De manera simultánea, el Ministerio Público llevó a cabo el allanamiento de 17 inmuebles ubicados en las regiones de Tumbes, Lambayeque y La Libertad, como parte de las acciones para desarticular la presunta red criminal que operaría al interior del Gobierno Regional de Tumbes.
Investigación por adjudicación irregular de obras
El fiscal provincial Manuel Apolo Casariego, a cargo del caso, informó que se dispuso la incautación de dos inmuebles, ubicados en Chiclayo y Tumbes, los cuales estarían vinculados a los investigados. Según la investigación preliminar, durante la gestión de Cruces Ordinola se habrían adjudicado irregularmente obras públicas, entre ellas trabajos de descolmatación en el distrito de Corrales y la reconstrucción del Hospital de Apoyo Saúl Garrido Rosillo II-1, en la provincia de Tumbes.
Las autoridades sostienen que estos proyectos habrían sido utilizados como mecanismo para el presunto lavado de dinero de origen ilícito, a través de empresas y personas cercanas al gobernador regional.
Detención preliminar por 15 días
La detención preliminar judicial de Segismundo Cruces Ordinola fue autorizada por un plazo de 15 días, periodo durante el cual continuarán las diligencias fiscales y policiales para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
Junto al gobernador, también fueron detenidas otras dos personas, mientras que se dictaron órdenes de detención preliminar contra Luis Peña Alburqueque, Carmen Guerrero Jaime y Lauren Egusquiza Flores, además de la pareja sentimental del funcionario regional, quienes figuran como investigados en el caso.
Incautación de vehículos y predios
Durante los operativos, las autoridades intervinieron viviendas y predios ubicados en Cerro Blanco, San Juan de la Virgen y Chiclayo. Asimismo, se procedió a la incautación de seis vehículos, los cuales presuntamente habrían sido adquiridos con dinero proveniente de actividades ilícitas.
El Ministerio Público indicó que la investigación continúa y no se descartan nuevas diligencias en las próximas horas, en un caso que vuelve a poner en el centro del debate la lucha contra la corrupción en los gobiernos regionales.
