El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció los plazos y requisitos que deberán cumplir las autoridades y altos funcionarios públicos que deseen postular en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, programadas para el domingo 4 de octubre, con el objetivo de garantizar la transparencia y el correcto desarrollo del proceso electoral.
Las disposiciones fueron oficializadas mediante resoluciones publicadas en el diario oficial El Peruano y en el portal institucional del JNE, y alcanzan a gobernadores, vicegobernadores, alcaldes, así como a funcionarios públicos que administran o manejan recursos del Estado, quienes deberán apartarse de sus cargos dentro de los plazos establecidos si aspiran a una candidatura.
Según la Resolución N.° 00746-2025-JNE, los altos funcionarios que postulen a cargos regionales deberán presentar su renuncia hasta el martes 7 de abril de 2026, lo que equivale a 180 días calendario antes de la jornada electoral. El cargo de renuncia deberá ser remitido al Jurado Nacional de Elecciones, a través de la Mesa de Partes Virtual, como fecha límite el 14 de abril de 2026.
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En el caso de las candidaturas municipales, la norma establece que la renuncia deberá presentarse hasta el 16 de junio de 2026, precisando que esta se hará efectiva a partir del miércoles 5 de agosto del mismo año, fecha que corresponde a 60 días antes del proceso electoral.
Asimismo, los gobernadores o vicegobernadores que aspiren a una alcaldía, así como los alcaldes que postulen a gobiernos regionales, deberán renunciar ante el consejo o concejo correspondiente, con efecto desde el 6 de abril de 2026, conforme a lo dispuesto por el organismo electoral.
De otro lado, mediante la Resolución N.° 00747-2025-JNE, el ente rector del sistema electoral estableció las reglas para el reemplazo de las autoridades que renuncien o soliciten licencia sin goce de haber para participar en las ERM 2026, a fin de asegurar la continuidad de la gestión pública durante el periodo electoral.
Con estas medidas, el JNE busca ordenar el proceso de candidaturas y evitar el uso indebido de recursos públicos en la contienda electoral.
